Caos en Italia. El presidente de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), Gabriele Gravina, ha sido inscrito en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Roma, que le acusa de delitos de malversación y de autoblanqueo. En el centro de todo estaría la cesión de los derechos televisivos de la Lega Pro en 2018 , cuando el propio Gravina lideraba la tercera liga profesional italiana. Fue su última decisión antes de la dimisión necesaria para postularse para la FIGC.
De momento, las investigaciones de la Fiscalía de Roma aún no han concluido y, técnicamente, los abogados de Gravina no han sido informados oficialmente de los delitos imputados a su cliente. De hecho, esta fase sólo podrá producirse cuando se cierren las investigaciones, que podrían llegar a esta fase en unos seis meses. Al final, el fiscal comunica el fin de las investigaciones y puede pedir al Gup (juez de la audiencia preliminar) que lleve el caso a juicio o lo desestime. Corresponderá entonces al Gup determinar si el juicio debe celebrarse ante un tribunal o no . En ese momento se necesita un año y medio o dos para llegar a la sentencia de primera instancia.
De momento, las investigaciones de la Fiscalía de Roma aún no han concluido y, técnicamente, los abogados de Gravina no han sido informados oficialmente de los delitos imputados a su cliente. De hecho, esta fase sólo podrá producirse cuando se cierren las investigaciones , que podrían llegar a esta fase en unos seis meses . Al final, el fiscal comunica el fin de las investigaciones y puede pedir al Gup (juez de la audiencia preliminar) que lleve el caso a juicio o lo desestime . Corresponderá entonces al Gup determinar si el juicio debe celebrarse ante un tribunal o no . En ese momento se necesita un año y medio o dos para llegar a la sentencia de primera instancia . La pena final puede alcanzar los siete u ocho años.
Como informa hoy La Gazzetta dello Sport, la condición de investigado no implica la dimisión como presidente de la FIGC, por lo que Gravina puede seguir desempeñando su cargo hasta que la condena sea firme, es decir, después del tercer grado. De hecho, la renuncia es obligatoria sólo si se le somete a medidas cautelares, como prisión preventiva en prisión o arresto domiciliario.
Evidentemente, sigue siendo posible optar por la autosuspensión por razones de conveniencia o éticas. También porque el delito impugnado en este caso está vinculado a una actividad, la de presidente de la Lega Pro, que desempeñaba en ese momento.